Una de las fallas más persistentes de las intervenciones sociales contemporáneas es que no están diseñadas a partir del infractor, sino contra una caricatura de él. No se parte de cómo piensa, decide y calcula quien infringe la norma, sino de cómo debería pensar alguien moralmente deseable. El resultado es una política que no entiende al infractor real, sino que dialoga con una versión imaginaria, más cómoda para la conciencia del interventor.
Esta distorsión tiene un origen claro: la tendencia a moralizar el problema. El infractor no es analizado como un agente estratégico que responde a incentivos, oportunidades y costos, sino como un sujeto “desviado”, “herido” o “desorientado” que, en el fondo, querría ser bueno. Bajo esta premisa, la intervención se diseña como corrección moral, no como modificación de conducta.
Al no partir de esta realidad, las intervenciones inventan problemas que no existen y omiten los que sí importan. Se habla de autoestima donde hay cálculo; de empatía donde hay instrumentalización; de conciencia donde hay estrategia. El lenguaje terapéutico reemplaza al análisis conductual, y la política pública termina interviniendo símbolos en lugar de decisiones reales.
En muchos contextos, por ejemplo, criminalidad, evasión, fraude, informalidad, la infracción no es un error, sino una estrategia. Produce beneficios claros: dinero, estatus, control, reducción de costos. Ignorar esta racionalidad lleva a intervenciones irrelevantes. De este modo, se habla de valores donde hay cálculo; de conciencia donde hay incentivo.
Esta incomprensión produce un efecto particularmente grave: el infractor se vuelve ilegible para el sistema. Como no encaja en el marco moral que se le impone, aprende rápidamente a simularlo. Dice lo que se espera que diga, repite el lenguaje de la intervención, teatraliza arrepentimiento, internaliza el discurso correcto. No porque haya cambiado, sino porque ha entendido cómo funciona el dispositivo. Al suponer buena fe, diseñan sistemas fáciles de manipular. Cuando el infractor piensa estratégicamente y el sistema piensa moralmente, el resultado es obvio: el sistema pierde.
Aquí aparece una paradoja incómoda: los interventores se convierten en víctimas de su propia ingenuidad. Al creer que el infractor quiere ser bueno y solo necesita acompañamiento, se vuelven susceptibles a la manipulación. El sistema premia la narrativa correcta, no la conducta transformada. La capacidad de mentir, que ya es funcional en el mundo infractor, se vuelve también funcional dentro de la intervención.
Pero el problema más profundo no es solo de diagnóstico, sino de valores negados. Existen mecanismos que sí influyen en la conducta, castigo, miedo, vergüenza, exposición, y que históricamente han funcionado como reguladores sociales. Sin embargo, se los excluye del diseño de intervención no por ineficacia, sino por incomodidad moral.
Se confunde deliberadamente castigo con venganza, miedo con abuso, vergüenza con crueldad. El resultado es una política desarmada. Al renunciar a cualquier forma de costo, la infracción deja de ser riesgosa. Y cuando infringir no duele, se repite.
La raíz del problema es una visión alterada del infractor, sostenida más por una necesidad moral que por evidencia. Resulta tranquilizador pensar que “los malos quieren ser buenos” y que basta con darles la oportunidad correcta. Pero esta narrativa dice más sobre la psicología del interventor que sobre la del infractor. Cuando alguien —infractor o no— piensa de manera más completa y estratégica, el sistema mal diseñado se vuelve predecible. Y un sistema predecible es explotable. La intervención deja de ser un mecanismo de transformación y se convierte en un recurso más dentro del repertorio del infractor.
El costo de esta ingenuidad no es abstracto. Se traduce en reincidencia, en recursos mal asignados, en frustración institucional y en una brecha creciente entre diagnóstico y realidad. Cada intervención fallida refuerza la desconfianza social y debilita la legitimidad de la política pública.
La insistencia en intervenciones “amables” no produce sujetos más éticos, sino infractores más sofisticados. El sistema se vuelve predecible y, por tanto, explotable. La intervención deja de ser un límite y se convierte en un recurso más dentro del repertorio infractor. Entender al infractor no es justificarlo. Es tomarlo en serio como agente racional. Abandonar la moralización no es cinismo: es rigor, entender al infractor como agente racional no implica legitimar la infracción, sino diseñar sistemas que no sean explotables. Finalmente, una política que se niega a usar los mecanismos que funcionan, por miedo a incomodar, está condenada a fallar.
Mientras sigamos diseñando intervenciones para tranquilizar la conciencia del sistema y no para modificar conductas reales, el infractor seguirá entendiendo la política pública mejor de lo que la política pública lo entiende a él.