En el debate público contemporáneo hay una emoción, y también una forma de razonar, que goza de un prestigio moral casi incuestionable: la lástima, frecuentemente disfrazada de empatía. La simple constatación de que algo es triste en el mundo parece implicar, de manera casi automática, que alguien externo a esa situación debe resolverlo. La lástima se presenta como sensibilidad social, como conciencia ética, como señal de humanidad. Sin embargo, cuando se convierte en el eje simbólico de la acción pública, deja de ser una virtud privada y se transforma en un problema político. Y, más aún, en un problema de diseño institucional: de eficiencia estatal y de los valores que elegimos para estructurar el aparato público.
No porque la compasión sea indeseable, sino porque la lástima no es un principio adecuado para gobernar. La lástima impide criticar a la víctima, bloquea la asignación de tareas reales, desactiva la exigencia de responsabilidad y desplaza la carga de la acción hacia quien “siente” la lástima. En ese movimiento, la política social cambia de naturaleza: deja de organizar capacidades y pasa a administrar culpas. El centro ya no es qué funciona, sino quién expía.
Nuestra forma de entender la política, el sufrimiento y la redención está profundamente atravesada por una matriz cristiana, incluso cuando se declara laica o progresista. Autores como John Gray han mostrado cómo la narrativa cristiana continúa estructurando el pensamiento occidental: operamos todavía con categorías teológicas recicladas, culpa, redención, expiación, salvación, aunque les hayamos cambiado el vocabulario. Cambian los nombres, no la estructura.
En ese marco, la lástima cumple una función central. El dolor del otro no solo conmueve: exige reparación moral. Esa exigencia se traslada casi automáticamente al Estado, que asume el rol de redentor institucional. El resultado es una lógica de intervención que confunde sensibilidad con eficacia y empatía con responsabilidad. El Estado ya no organiza condiciones para la acción; administra absoluciones.
El problema es que la lástima, cuando se convierte en principio rector, desplaza la responsabilidad. La diluye, la reconfigura o directamente la oculta. Cuando el foco está puesto exclusivamente en el sufrimiento, la pregunta deja de ser “¿qué decisiones producen mejores resultados?” y pasa a ser “¿quién debe cargar con la culpa?”. Las soluciones ya no se articulan alrededor del trabajo activo del sujeto afectado, sino alrededor de la intervención del salvador. Y cuando ese salvador es el Estado, una estructura ya de por sí lenta, rígida e ineficiente, el problema no se resuelve: se multiplica.
En términos de gestión pública, las consecuencias son graves.
Primero, porque la lástima tiende al asistencialismo no como herramienta puntual, sino como horizonte permanente. Si el ciudadano es concebido principalmente como víctima, su rol activo se debilita. La capacidad de agencia se sustituye por una lógica de espera: alguien más, siempre alguien más, debe actuar, reparar, resolver. La acción se concentra arriba; la pasividad se normaliza abajo.
Segundo, porque la lástima produce una política esencialmente reactiva. Se gobierna respondiendo a la herida visible, no anticipando el daño estructural. Se privilegia el gesto simbólico por encima del diseño institucional. La emoción reemplaza al criterio. Y cualquier intento de introducir nociones como corresponsabilidad, incentivos o consecuencias es rápidamente leído como crueldad o, paradójicamente, como una forma de negar la “responsabilidad estructural”. Nada más característico de este enfoque que exculpar por completo a la víctima mientras se buscan responsabilidades difusas, abstractas o morales en quienes tienen poder.
Pero una comunidad no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la lástima. Puede conmoverse. Puede incluso aliviar urgencias. Pero no puede organizarse ni proyectarse. Para eso necesita otro valor, menos seductor pero infinitamente más funcional: la responsabilidad.
La responsabilidad no redime. No promete salvación. No ofrece consuelo inmediato. Pero produce algo excepcional en la política contemporánea: capacidad de acción distribuida. Supone sujetos que pueden responder por sus decisiones, instituciones que evalúan resultados y políticas que asumen costos sin convertir cada error en un drama moral.
Allí donde la lástima infantiliza, la responsabilidad estructura.
Allí donde la compasión paraliza, la responsabilidad habilita.
Y una política pública que renuncia a exigir responsabilidad, por miedo a incomodar moralmente, no se vuelve más humana: se vuelve menos efectiva, menos justa y, en última instancia, menos capaz de producir aquello que dice defender.